La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas de Galicia, María Martínez Allegue, ha señalado que los primeros resultados de las zonas de mercado residencial tensionado en A Coruña y Santiago de Compostela evidencian un significativo descenso en los contratos de alquiler, con reducciones del 52% y 55%, respectivamente. Estos datos, según Allegue, ponen de manifiesto el fracaso de la política intervencionista del Gobierno central, que no ha logrado facilitar el acceso a la vivienda.
En A Coruña, los contratos de alquiler han caído de 730 en julio de 2025 a 349 en julio de 2026, lo que representa una disminución superior al 52%. En agosto, esta cifra se redujo aún más, alcanzando los 292 contratos, lo que equivale a casi un 60% menos. Por su parte, en Santiago, que fue declarada zona tensionada en julio, se ha observado una caída de contratos del 55%, pasando de 441 a 199 en el mismo periodo.
Allegue advirtió que esta disminución en el número de contratos implica una menor oferta y, por ende, menos oportunidades para los ciudadanos. Además, mencionó que esta tendencia no es exclusiva de Galicia, citando el caso de Barcelona, donde el Instituto Catalán del Suelo (Incasol) ha reportado una caída del 17% en los contratos de alquiler tras dos años de la declaración de zona tensionada.
Frente a estos resultados, la conselleira cuestionó la decisión del Gobierno central de destinar 90 millones de euros exclusivamente a los territorios declarados como zonas tensionadas, de los cuales 5 millones estarían destinados a A Coruña y Santiago. Allegue calificó esta medida como un "chantaje y absoluta falta de respeto" hacia los esfuerzos realizados por otras administraciones, independientemente de su estatus como zonas tensionadas.
La conselleira abogó por un reparto de los recursos del Estado que se base en criterios objetivos y en función de las necesidades reales de vivienda. En este contexto, recordó que Galicia ha estado solicitando más fondos en el marco del Plan Estatal de Vivienda.
En relación con los 5 millones de euros que se destinarían a Galicia, Allegue indicó que, si se aprueba el Real Decreto actualmente en fase de borrador, estos fondos se utilizarán para las políticas que la Xunta implementa en A Coruña y Santiago. Además, destacó que el Ayuntamiento de A Coruña tiene 40 viviendas vacías, de las que la Xunta no tenía conocimiento, y reiteró su oferta para asumirlas, realizar las obras de mantenimiento y ponerlas en alquiler público.
Asimismo, la conselleira recordó que la Xunta cuenta con el programa Fogar Vivo, que ofrece apoyo para seguros de impago y daños, al que los ayuntamientos pueden adherirse. Invitó al Ayuntamiento de A Coruña a participar en este programa y a no duplicar medidas ya activas por la Xunta para movilizar viviendas vacías hacia el alquiler accesible.
En cuanto a la construcción de vivienda pública, Allegue destacó que en A Coruña se están desarrollando más de 1.000 viviendas públicas, y en el PIA del Monte Mero se prevé la construcción de alrededor de 4.400 viviendas, de las cuales 3.500 serán protegidas, todas ellas con el impulso y financiación de la Xunta de Galicia. La conselleira reiteró el compromiso de la Xunta de invertir en nuevas viviendas públicas si recibe la cesión de parcelas municipales por parte del Ayuntamiento de A Coruña.
