La Junta de Andalucía ha expresado su preocupación ante la inminente expiración, el 14 de noviembre, del protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y Mauritania. Esta situación podría paralizar la actividad de una parte significativa de la flota pesquera andaluza.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que la finalización del protocolo impactará a un total de 60 buques europeos, de los cuales 25 tienen base en Andalucía. A partir del 15 de noviembre, estas embarcaciones no estarán autorizadas para faenar en aguas mauritanas si no se establece una solución que garantice la continuidad de su actividad.
Impacto en el sector pesquero y en el empleo
Fernández-Pacheco ha reiterado el apoyo de la Junta al sector pesquero y ha instado al Gobierno de España y a la Unión Europea a actuar con urgencia para evitar que los pescadores queden desamparados. "No podemos permitir que la falta de una solución a tiempo deje a nuestros barcos amarrados y ponga en riesgo cientos de puestos de trabajo", ha afirmado.
Las consecuencias de esta situación se extenderían más allá de la flota pesquera, afectando directamente la actividad comercial de los puertos andaluces, especialmente el de Cádiz, que concentra una parte importante de las descargas y subastas de pescado procedente de Mauritania. Según estimaciones preliminares, alrededor de 500 trabajadores de toda la cadena de valor podrían verse afectados, incluyendo empleos directos e indirectos vinculados a la pesca, la comercialización y los servicios portuarios.
Recomendaciones para evitar la paralización
La Junta considera "imprescindible" actuar antes de que se produzca la interrupción de la actividad. El consejero ha recordado que el Gobierno andaluz ya ha trasladado esta preocupación al Ministerio en el Consejo Consultivo de Política Pesquera, insistiendo en la necesidad de buscar alternativas que garanticen la continuidad de la actividad.
Fernández-Pacheco ha subrayado: "Llevamos tiempo advirtiendo de este problema y ahora nos encontramos a las puertas de una fecha límite sin una solución que dé tranquilidad al sector. Es el momento de actuar, de defender a nuestros pescadores y de evitar un perjuicio económico y social que puede ser muy importante para Andalucía".
En este sentido, el consejero ha enfatizado la necesidad de que el Gobierno de España y la Unión Europea estudien "todas las vías posibles" para evitar la paralización de la flota, ya sea mediante la aplicación provisional de un nuevo protocolo o a través de alguna fórmula transitoria que permita mantener la actividad. "Lo que está en juego no es solo el futuro de nuestros barcos, sino también el de cientos de familias que dependen de esta actividad. No podemos dejarlas sin respuestas", ha concluido.
