La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha subrayado la necesidad de situar la agricultura y ganadería familiar en el centro de las prioridades globales, en un contexto marcado por conflictos internacionales y la globalización. Esta organización representa a los hombres y mujeres que trabajan en el sector agrícola y ganadero en España y Europa, quienes enfrentan retos significativos derivados de la interconexión de sus actividades con decisiones de las grandes potencias.
Desde la UPA se señala que la agricultura y ganadería familiar han tenido que adaptarse a los cambios en el comercio global, que favorecen el intercambio de materias primas y productos industriales. Sin embargo, esta adaptación ha venido acompañada de riesgos y amenazas que requieren de un marco regulador que proteja la vulnerabilidad inherente a estas actividades.
Desafíos del sector agrícola
La organización destaca que la producción local es fundamental para alimentar al mundo y que la dependencia de la tierra y los recursos locales es esencial para mantener la viabilidad de los cultivos y la ganadería. A pesar de la competencia en los mercados internacionales, los agricultores familiares están preparados para afrontar estos retos, produciendo con calidad y generando prestigio a través de cooperativas.
No obstante, la planificación de campañas y la previsión de costes se complican por factores como la volatilidad de los aranceles y el aumento de precios en insumos, como los fertilizantes, exacerbados por conflictos como la guerra en Irán. Esta situación ha llevado a la UPA a reclamar un mayor protagonismo de la agricultura familiar en las políticas europeas, especialmente en el debate sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC).
Reforma de la Política Agraria Común
El debate actual sobre la PAC es crucial, ya que se prevé una reducción del presupuesto del 22% en comparación con el periodo anterior, lo que ha generado un rechazo casi unánime entre los sectores agrarios y medioambientalistas. La propuesta de la Comisión Europea también plantea una nueva gobernanza que podría diluir el carácter común de la PAC, lo que preocupa a los agricultores y ganaderos.
La UPA ha propuesto que los beneficiarios de la PAC, especialmente en el ámbito de la agroindustria, cumplan con requisitos comerciales específicos y que se garantice un reparto más equitativo de las ayudas. Actualmente, un pequeño porcentaje de beneficiarios recibe una parte desproporcionada de los fondos, lo que genera desigualdades en el sector.
Necesidad de apoyo y compromiso político
La UPA ha instado al Gobierno español a avanzar en la Ley de Agricultura Familiar, un compromiso que se considera esencial para abordar los retos del sector, como el relevo generacional y el acceso a recursos. La organización también ha enfatizado la importancia de garantizar precios justos y una distribución equitativa de los esfuerzos colectivos hacia el sector agrario, evitando que los más beneficiados sean quienes menos lo necesitan.
En este contexto, la UPA reafirma su compromiso con prácticas agrícolas sostenibles y la innovación, mientras demanda un apoyo político y social que reconozca el valor del trabajo en el campo y asegure un futuro más justo para la agricultura y ganadería familiar.
