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El impacto del rentismo inmobiliario en salarios y economía productiva según CCOO

Un informe del Gabinete Económico de CCOO revela cómo el aumento desproporcionado de los precios de la vivienda afecta negativamente a los salarios y a la economía productiva en España.

El impacto del rentismo inmobiliario en salarios y economía productiva según CCOO

El informe El coste del rentismo para los salarios y la economía productiva, elaborado por el Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO, pone de manifiesto las consecuencias económicas y sociales de un modelo inmobiliario que permite que los precios de la vivienda crezcan muy por encima de los salarios y de la capacidad de generación de riqueza de la economía productiva.

Dicho informe advierte que el rentismo inmobiliario se ha convertido en un obstáculo para mejorar las condiciones de vida de buena parte de la clase trabajadora, así como para impulsar un modelo económico basado en la actividad productiva, la inversión y la creación de empleo.

Impacto en los salarios y el acceso a la vivienda

Una parte creciente de los ingresos de las familias trabajadoras se destina a pagar la vivienda, mientras que el encarecimiento de los locales comerciales eleva los costes de las pequeñas empresas y de los autónomos. Esta dinámica plantea una contradicción cada vez más evidente: mientras los salarios deben permitir una vida digna y las empresas necesitan invertir, innovar y desarrollar su actividad, las crecientes rentas inmobiliarias absorben recursos que podrían destinarse al consumo, al aumento de los salarios, a la inversión productiva y a la creación de empleo.

La evolución de los precios muestra la distancia cada vez mayor entre el coste de la vivienda y los salarios. Según los datos, entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo periodo de 2026, el precio de comprar una vivienda aumentó un 108%, mientras que el salario medio solo creció un 30%. Esto significa que el precio de la vivienda ha aumentado 3,6 veces más que los salarios, alejando a millones de trabajadores de la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad.

Actualmente, se necesitan, de media, 7,1 salarios anuales completos para comprar una vivienda de 90 metros cuadrados, en comparación con los 3,1 salarios que se requerían en 1985. Además, quienes no pueden acceder a la compra deben optar por el alquiler, donde entre 2015 y 2024, los precios de los nuevos contratos aumentaron un 37%, frente al 21% de incremento del salario medio.

Consecuencias para la economía productiva

Las dificultades no solo afectan a las familias trabajadoras. El aumento del precio de los locales comerciales impacta directamente en los negocios, especialmente en las pequeñas empresas y los autónomos. Según datos de la Agencia Tributaria, los alquileres de locales comerciales aumentaron un 5,8% en 2021, un 8,3% en 2022 y un 4,5% en 2023. Estos gastos drenan recursos de los negocios, elevan las barreras de entrada para nuevos emprendedores y dificultan la continuidad de los establecimientos existentes.

La rentabilidad bruta de invertir en vivienda fue del 16% en 2025, mientras que la rentabilidad ordinaria de los recursos propios empresariales fue del 7%, según datos del Banco de España. Esta situación enfrenta la rentabilidad inmobiliaria con la rentabilidad de producir bienes y prestar servicios, comprometiendo la capacidad de crecimiento, innovación y creación de empleo.

Propuestas para un cambio de modelo

El informe también sugiere que una reducción del 30% en el coste de la vivienda podría generar entre 21.000 y 26.000 millones de euros adicionales de demanda agregada y favorecer la creación de entre 330.000 y 411.000 empleos acumulados en cinco años.

En este contexto, CCOO ha convocado una huelga general para el próximo 11 de noviembre, centrando sus reivindicaciones en el acceso a una vivienda digna y asequible, la mejora de los salarios y el control de los precios de los bienes y servicios esenciales. Para el sindicato, es imprescindible actuar tanto sobre los salarios como sobre los precios de la vivienda, proponiendo medidas como la prórroga de contratos de alquiler y la regulación de los alquileres turísticos.

La huelga general del 11N se presenta como una reivindicación de un modelo económico que priorice el acceso a una vivienda digna y la producción sobre la especulación, asegurando que el crecimiento económico se traduzca en bienestar para la mayoría social.

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