Convocatoria por Asturies ha denunciado al Partido Popular (PP) por utilizar mecanismos para obstruir la tramitación de la ley de vivienda. Según el portavoz parlamentario, Xabel Vegas, estas acciones no han tenido éxito, ya que el proceso sigue su curso normal en la ponencia correspondiente.
Vegas ha señalado que el obstruccionismo del PP no es nuevo, recordando que en los primeros contactos sobre el proyecto de presupuestos, los populares se levantaron de la mesa al exigir la retirada del proyecto de ley de vivienda. El portavoz ha calificado esta estrategia como “absolutamente incomprensible”, subrayando que la vivienda es “el principal problema que tienen hoy los españoles y las españolas”, una situación que también afecta a la población asturiana, evidenciada por la acampada a 100 metros de la Cámara para exigir medidas que faciliten el acceso a un hogar digno.
El diputado ha acusado al PP de estar “particularmente interesado en torpedear y buscar subterfugios para impedir el trámite parlamentario” de una norma que, según ha afirmado, garantiza el derecho a la vivienda, el parque público y políticas activas de alquiler asequible.
En respuesta a las críticas desde la derecha y la ultraderecha, la diputada Delia Campomanes ha explicado que las enmiendas acordadas se están ajustando jurídicamente tras el acuerdo con Covadonga Tomé. Ha añadido que los servicios jurídicos de la Cámara no emitieron informe negativo alguno, indicando que las enmiendas “no eran manifiestamente inconstitucionales ni palmarias”. Campomanes ha enfatizado que el procedimiento sigue el mismo trámite que se aplica a todas las leyes.
La diputada ha contrastado esta actitud con la mostrada en la ley LGTBI, donde se aceptaron enmiendas del PP y de Foro “sin ningún tipo de problema”. Por ello, ha afirmado que el obstruccionismo del PP responde a un “objetivo político”, evidenciando que los populares intentan desafiar la aritmética de la cámara.
Además, ha criticado que el PP llegue a acuerdos con Vox en Gijón para viviendas de emergencia, un pacto que, según Campomanes, su compañero Javier Llana ha anunciado que recurrirán por ilegal, mientras intentan obstaculizar la tramitación de una ley que busca favorecer el derecho a una vivienda digna, tal como está recogido en la Constitución Española.
