El Sistema de Atención a la Dependencia es considerado por el sindicato CCOO como una pieza esencial y estratégica dentro del sistema de cuidados que se requiere en la actualidad. En este contexto, CCOO ha celebrado la reciente decisión del Ministerio de Derechos Sociales de aumentar la financiación estatal destinada a este sistema.
Este incremento es parte del plan de choque acordado en 2020 con organizaciones sindicales y empresariales, que ha garantizado desde entonces una financiación adicional de 1.800 millones de euros anuales, acumulando más de 8.000 millones en total. Con la aprobación del Real Decreto-ley 17/2026, se prevé que el Estado central duplique su aportación al Sistema de Dependencia.
A pesar de esta medida, CCOO ha señalado que la implementación se ha retrasado, en parte debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado en la actual legislatura. Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, ha calificado esta decisión como una “buena noticia”, aunque ha expresado que hubiera sido preferible que se hubiera acompañado de un proceso de negociación previo.
Propuestas para garantizar la calidad del empleo y los servicios
CCOO ha propuesto la creación de un acuerdo marco con el Gobierno y las organizaciones empresariales para asegurar que los nuevos fondos se utilicen para mejorar la calidad de los servicios y del empleo en el sector. Bravo ha enfatizado que esta es una “magnífica oportunidad” para realizar un seguimiento efectivo de la distribución de los recursos.
El sindicato subraya que la financiación estatal debe enfocarse en cumplir con la Ley de Dependencia, garantizando atención a todas las personas en situación de dependencia, preferentemente a través de servicios profesionales, y asegurando la calidad del empleo de quienes los prestan. Esto incluye aspectos como las ratios de plantilla y la formación de los profesionales.
Condiciones para la distribución de la financiación
CCOO sostiene que el incremento de la financiación estatal debe concretarse de manera que se asegure que los recursos se destinen a los territorios que cumplen con los objetivos de calidad, evitando la “sobre-financiación” de aquellos que optan por prestaciones económicas que no garantizan una atención adecuada.
El sindicato ha planteado dos alternativas para la distribución de la financiación adicional: una, llevarla al nivel acordado condicionando su reparto al cumplimiento de compromisos de calidad; y otra, modificar la estructura del nivel mínimo de financiación para que se ajuste a lo establecido en la Ley de Dependencia.
Impacto de las prestaciones económicas en el sistema
Sin embargo, el Real Decreto-ley 16/2026 opta por un incremento lineal del nivel mínimo de financiación, lo que podría no ser suficiente para revertir la tendencia del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) hacia un modelo de cuidados informales. Actualmente, el 44,7% de las personas con una prestación recibe una ayuda económica para el cuidado familiar, y el 14,2% se beneficia de prestaciones económicas vinculadas a servicios que requieren un “doble copago”.
En este sentido, CCOO ha exigido en la mesa de diálogo social convocada por el Ministerio de Derechos Sociales que las comunidades autónomas no reduzcan su contribución al sistema con la llegada de los nuevos fondos estatales. Entre las medidas solicitadas se incluye la publicación de datos sobre copago y la vinculación de los nuevos fondos a la mejora de la provisión pública de servicios profesionales.
Finalmente, CCOO ha pedido al Gobierno que flexibilice la aplicación de la Ley de Desindexación y revise los contratos de prestación de servicios en curso, permitiendo la implementación de mejoras en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector.
