La asamblea informativa convocada por CCOO para detallar los motivos de la huelga general programada para el próximo 11 de noviembre tuvo lugar en la sede local de Cáritas, después de que el Ayuntamiento de Elche prohibiera su celebración en el Centre de Desenvolupament Empresarial. Este acto reunió a representantes del sindicato y diversas organizaciones sociales, quienes compartieron sus experiencias en materia de vivienda.
Durante el evento, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, subrayó la necesidad de implementar “políticas públicas que corrijan la desigualdad social y garanticen un reparto justo de la renta” a todos los niveles de administración. Bravo destacó la relación entre las dificultades de acceso a la vivienda y las condiciones laborales, señalando que, en los últimos 15 años, los beneficios empresariales han triplicado la inflación, mientras que el crecimiento salarial ha sido mucho más lento.
El dirigente sindical describió la situación de la vivienda como “una vía de extracción de rentas que asfixia a familias inquilinas y a quienes tienen hipotecas, en beneficio de entidades financieras y grandes tenedores”. En cuanto a la respuesta esperada a la huelga, afirmó que “existe una sensibilidad social muy favorable a las reivindicaciones planteadas”, lo que sugiere un amplio apoyo a la movilización.
Carmen Palomar, secretaria general de CCOO en las comarcas del Vinalopó y la Vega Baja, enfatizó la importancia de crear alianzas con colectivos que defienden el derecho a la vivienda y la justicia social, como Juntes per l'habitatge y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La asamblea, que llenó el salón de actos de Cáritas, marcó el inicio de la coordinación de piquetes informativos que el sindicato llevará a cabo durante la mañana del 11 de noviembre.
La misma mañana de la asamblea, la UI CCOO Vinalopó-Vega Baja denunció la “actitud sectaria” del Ayuntamiento de Elche, gobernado por VOX, al denegar el uso de las instalaciones municipales para este evento. El Consistorio justificó su decisión alegando que la normativa limita el uso del espacio a empresarios, emprendedores y personas desempleadas. Palomar calificó esta justificación de “indignante” y recordó que en ocasiones anteriores, como el 1 de mayo o el 8 de marzo, se autorizó el uso de las instalaciones bajo la misma normativa. “Es un paso más en la política de restar derechos a la clase trabajadora y de no respetar la representatividad constitucional de los sindicatos”, concluyó Palomar.
